El sector forestal y agrario advierte sobre el impacto del anteproyecto de Ley de Montes de Canarias

Plantea cambios para evitar la “expropiación técnica” de fincas agrícolas y promover un modelo de co-gobernanza que combine conservación, desarrollo rural y soberanía alimentaria

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Las Palmas de Gran Canaria

12 de marzo de 2026

Los profesionales del ámbito forestal y agrario de Canarias demandan una Ley de Montes que integre al sector primario como aliado estratégico y advierten que el anteproyecto del Gobierno regional genera inseguridad jurídica, dificulta la recuperación de suelos agrícolas tradicionales y compromete la creación de un paisaje eficaz para la prevención de grandes incendios

Los colegios profesionales forestales y agrarios de Canarias, junto a PROFOR-Canarias, que reúnen a más de 800 técnicos y expertos de las islas, han presentado alegaciones conjuntas al anteproyecto de Ley de Montes para pedir una norma que proteja el monte sin dar la espalda al sector primario y a la población que vive y trabaja en el territorio.

Un mensaje común: proteger el monte contando con el campo

Al finalizar el periodo de información pública, los Colegios de Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas y PROFOR-Canarias han registrado un documento conjunto en el que defienden que Canarias necesita una Ley de Montes propia, moderna y adaptada a la realidad insular.  Su preocupación principal es que el texto, tal y como está redactado, se inclina hacia un modelo excesivamente conservacionista y muy centralizado, que puede generar inseguridad jurídica y aumentar el conflicto con propietarios, agricultores y ganaderos.

Las organizaciones firmantes defienden que agricultura, ganadería y gestión forestal no son actividades incompatibles con la conservación, sino parte de la solución frente a incendios, cambio climático, abandono rural y pérdida de biodiversidad. Recuerdan que el sector primario aporta servicios ecosistémicos esenciales y que, sin su implicación, será muy difícil mantener paisajes en mosaico, más resilientes frente al fuego y más sostenibles en el tiempo.

Incendios, soberanía alimentaria y abandono rural

Los colegios subrayan que mantener el territorio activo —con cultivos, pastos, ganadería extensiva y aprovechamientos tradicionales— reduce la continuidad del combustible vegetal y actúa como barrera natural frente a los grandes incendios. Por eso, proponen que la ley reconozca expresamente el pastoreo prescrito como servicio ambiental, de forma que los ganaderos puedan colaborar de manera profesional y estable en la reducción de combustible en zonas estratégicas. Además, reclaman que la soberanía alimentaria de Canarias se incorpore como principio de la política forestal, de modo que la protección del monte no dificulte recuperar bancales, suelos agrícolas históricos ni proyectos de agricultura local.

Terrenos agrícolas en desuso: evitar la “expropiación técnica”

Otra reivindicación se refiere a los terrenos agrícolas en desuso. Según el anteproyecto, un suelo que fue agrícola, pero ha quedado abandonado, puede pasar a ser considerado monte de forma automática, sin un acto formal expreso, si es colonizado por vegetación forestal y no existe constancia oficial de uso agrícola durante al menos veinte años. Los colegios advierten al respecto que, una vez adquirido el carácter de monte, el propietario pierde la libertad de decidir el uso y la vuelta a la agricultura se convierte en una excepción sometida a un procedimiento complejo, largo y con silencio administrativo negativo. Temen que esta situación suponga, en la práctica, una “expropiación técnica” de la capacidad de decidir sobre la finca y desincentive tanto la recuperación de suelos agrícolas como la colaboración con la Administración.

Por ello, proponen introducir reglas más equilibradas: reconocer como prueba de uso agrícola no solo registros formales, sino también indicios razonables (catastro, ayudas, fotografías, bancales, infraestructuras), simplificar los procedimientos para volver al uso agrícola tradicional y, cuando la reversión no sea posible por razones objetivas, articular compensaciones claras por la limitación de uso.

Más participación, menos verticalidad y una compensación justa

Otro eje de las alegaciones es el modelo de gobernanza. Este colectivo critica que la ley concentre demasiadas decisiones en el Gobierno y los cabildos, mientras que la participación social y de los propietarios se canaliza casi exclusivamente a través de un comité técnico consultivo, cuya composición se deja para un desarrollo posterior.

Las entidades firmantes piden “pasar de la consulta a la incidencia real”. Plantean que la ley fije cupos mínimos de representación de propietarios, entidades locales, organizaciones del sector y mundo académico en el Comité Forestal, así como reglas claras de funcionamiento, informes preceptivos en las decisiones clave y obligación de respuesta motivada de la Administración cuando se aparte de sus recomendaciones.

También reclaman reforzar la Oficina Técnica Forestal como ventanilla de apoyo al propietario, con modelos tipo, tramitación simplificada y asesoramiento para la gestión forestal sostenible y los acuerdos de servicios ecosistémicos. El objetivo es que la colaboración no se limite a declaraciones de principios, sino que se traduzca en procedimientos accesibles, menos burocracia y más seguridad para quien gestiona sobre el terreno.

Función social del monte: obligaciones sí, pero con retorno

Los colegios profesionales comparten la idea de que los montes cumplen una función social y que la ley debe garantizar su conservación, protección y mejora. Sin embargo, consideran que no se puede seguir cargando sobre los propietarios obligaciones intensas de prevención de incendios, lucha contra la desertificación o elaboración de instrumentos de gestión sin asegurar mecanismos de compensación claros y exigibles.

Por eso proponen que, cuando las obligaciones o limitaciones superen el deber general de conservación, la ley establezca que las administraciones “deberán” —y no solo “podrán”— activar instrumentos de compensación o pagos por servicios ecosistémicos. En el caso de figuras como los montes protectores, plantean que las restricciones vayan siempre acompañadas de apoyos técnicos y económicos, para no convertir estas figuras en categorías percibidas como sanciones encubiertas.

Los colegios concluyen que Canarias se juega mucho con esta Ley de Montes: de su diseño dependerá que el territorio cuente con una herramienta eficaz frente a incendios y cambio climático o que se añada “una piedra más en el camino” a quienes cuidan de los montes y del paisaje agrario. Por eso piden aprovechar el trámite parlamentario para avanzar hacia un modelo de co-gobernanza más participativo, menos burocrático y capaz de alinear conservación, desarrollo rural y soberanía alimentaria.

Listado de entidades firmantes

Colegio de Ingenieros Agrícolas de Las Palmas

Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Canarias

Colegio de Ingenieros de Montes de Canarias

PROFOR Canarias